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Elementos filtrados por fecha: Septiembre 2019

Las Cortes regionales debatirán a final de mes cuatro nuevas leyes a propuesta del Gobierno con incidencia en la provincia de Guadalajara

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  • Los diputados regionales Francisco Pérez Torrecilla y María Jesús Merino desgranaron los aspectos esenciales de las cuatro leyes que se debatirán a finales de mes en las Cortes, que aspiran a aprobar “por unanimidad”.
  • Todas tendrán incidencia directa en Guadalajara, si bien la Ley del Estatuto de la Mujer Rural y la de Evaluación Ambiental tendrán una repercusión más inmediata dado el amplio territorio rural de Guadalajara.

Los diputados socialistas por Guadalajara en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pérez Torrecilla y María Jesús Merino, han avanzado en rueda de prensa los rasgos fundamentales de las cuatro leyes que el Gobierno de Emiliano García-Page lleva a la cámara este mes con el objetivo de que sean debatidas en la sesión prevista para el próximo día 26 de septiembre.

Son las primeras cuatro de un total de diez que el Gobierno regional quiere sacar adelante en las Cortes antes de final de año, “en las cuales el ejecutivo ha trabajado intensamente durante el último año y ahora trae a votación para no perder un solo minuto de la nueva legislatura para modernizar Castilla-La Mancha y solucionar los problemas más acuciantes que están sobre la mesa”, ya que “a pesar de estar muy avanzadas, su aprobación no fue posible antes del final de la anterior y ahora se abordan con el objetivo de aprobarlas por unanimidad”, ha apuntado Pérez Torrecilla.

Dos de las leyes que se debatirán durante estas semanas dependen de la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible, que encabeza el azudense José Luis Escudero, ambas muy relacionadas con el ámbito medioambiental y rural, “y por tanto muy vinculadas a Guadalajara, dadas nuestras especiales características geográficas”.

La Ley de Economía Circular será el primer texto legal integral sobre esta materia en España, con el que se pretende impulsa el cambio de modelo de la economía lineal que tenemos hoy “basada en la extracción de materias primas, su transformación y consumo para acabar posteriormente en vertedero”, a uno circular, que pretende “reducir casi a la nada los residuos no reutilizables que acaben allí”. Para ello se incluyen en la ley “nuevos conceptos y procesos como la reelaboración, reutilización, reparación, recogida y reciclado para transformar casi cualquier residuo que generemos en un recurso aprovechable”, con la expectativa de que cuando su aplicación llegue al tejido productivo de la región “pueda llegar a generar unos 30.000 nuevos puestos de trabajo enfocados a maximizar el uso de los recursos naturales”.

“Es una ley pionera en la aplicación de las directivas europeas en esta materia a un texto legal, que incorpora incentivos para las empresas que apuesten por la economía circular; nuevas tasas para la gestión en vertedero de residuos potencialmente recuperables, y fianzas para las empresas que gestionen residuos peligrosos en Castilla-La Mancha”, algo que se enmarca dentro de la Estrategia Regional de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de García-Page.

En lo que respecta a la nueva Ley de Evaluación Ambiental, se pretende simplificar la regulación de los planes, programas y proyectos que se presenten en Castilla-La Mancha, haciendo compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y sostenible de nuestra región, especialmente en el medio rural. “También por esto, dada la gran superficie rural de Guadalajara y los numerosos parques naturales que hay en nuestro territorio, es una ley de gran importancia para nuestra provincia que vendrá a facilitar nuevas iniciativas”, ha resumido Pérez Torrecilla.


Una ley con apoyo explícito a la mujer rural

Por su parte, la diputada regional María Jesús Merino ha desgranado el contenido fundamental de las otras dos leyes que se debatirán en el seno de las Cortes regionales, la Ley del Estatuto de la Mujer Rural y la Ley de Participación Ciudadana, ambas iniciativas novedosas en nuestro país que ponen a Castilla-La Mancha a la vanguardia en materias tan como la igualdad, la lucha contra la despoblación y la transparencia de los poderes públicos y su apertura a la participación directa de la ciudadanía y los colectivos sociales en la toma de decisiones.

En palabras de Merino, el nuevo Estatuto de la Mujer Rural “cumplirá con el compromiso adquirido por el Gobierno de Emiliano García-Page de dar visibilidad a las mujeres en el medio rural, cubriendo el déficit que padecen dada la doble discriminación que supone su difícil acceso al mercado laboral y la dificultad de la conciliación familiar en los pueblos”, algo que “tendrá especial incidencia en nuestra provincia, dado nuestro extenso territorio rural, con 224 localidades con menos de 200 habitantes, siendo un eslabón más en la estrategia que el Gobierno está trazando en la lucha del PSOE regional contra la despoblación rural”.

El objetivo de esta ley es garantizar los derechos de este colectivo en el medio rural, donde han estado tradicionalmente discriminadas. Para ello se fortalece la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para hacer que la mujer sea visible como propietaria y poseedora de los derechos de la Política Agraria Común, además de como agricultora o ganadera. Una cuestión que hasta ahora era muy problemática, ya que suele ser el hombre el que figura por definición como agricultor o ganadero y también como poseedor de los derechos de la PAC, algo que pretendemos flexibilizar.

“Es algo en lo que el Gobierno viene trabajando ya desde el inicio de la pasada legislatura, potenciando el papel de las mujeres del mundo rural en todas las líneas en las que ha sido posible, priorizando los proyectos de titularidad compartida y todos aquellos presentados por mujeres, tanto para la modernización de explotaciones como en la incorporación de jóvenes al medio rural”, efectos que se dejan notar en el hecho de que un total de 800 mujeres se incorporaran al campo y se quintuplicó el número de titularidades compartidas en CLM.

Por último, Merino resumió el objetivo de la nueva Ley de Participación Ciudadana, a cuyo texto se han incorporado propuestas y valoraciones de más de 700 personas y 70 entidades sociales de diferentes ámbitos que han querido contribuir “a una normativa legal que pone a la región en a la vanguardia del país en esta materia”.

Esta nueva Ley de Participación Ciudadana viene a regular un espacio, el de la participación en la gestión política de la ciudadanía, las asociaciones, colectivos y los agentes sociales, que no estaba reglada ni organizada, marcando los procedimientos a seguir y proporcionando novedosas herramientas para facilitar dicha participación con equidad y transparencia, para lo que “se aprovecharán los últimos avances que nos permite la tecnología, acercando la administración a la ciudadanía”.

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