El acuerdo sobre el Consorcio de Residuos que estaba recurrido en el juzgado fue anulado por la propia Diputación
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El acuerdo adoptado en diciembre de 2015 por el Equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara –con el apoyo de la entonces diputada de Ciudadanos– sobre organización de los órganos de gobierno del Consorcio de Residuos, contra el que habían presentado un recurso judicial varios ayuntamientos que se consideraban perjudicados, fue anulado este último mes de diciembre por decisión del propio Equipo de Gobierno. Por tanto, el juzgado no ha hecho ahora más que atender al sentido común y archivar la causa que seguía contra un acuerdo que ha sido revocado por quien lo tomó.
“De hecho, lejos del triunfalismo que ha mostrado el Equipo de Gobierno de la Diputación, lo que ha quedado en evidencia en este caso es que los ayuntamientos teníamos razón, y así lo han tenido que reconocer el propio Equipo de Gobierno al rectificar su posición. Estaba tan claro que el acuerdo era contrario a la ley que no ha tenido más remedio que dar marcha atrás. Por eso, lamentamos que el diputado responsable de esta área trate de confundir a la opinión pública y a los ayuntamientos vertiendo falsedades, en vez de ponerse del lado de los pueblos a los que la Diputación debe servir”, ha explicado el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, uno de los que firmaron el recurso.
El PP, empeñado en privar de voz y voto a los pueblos
No obstante, el Equipo de Gobierno del PP sigue empeñado en privar de voz y voto a los ayuntamientos que forman parte del Consorcio de Residuos, y para ello aprobó también el pasado mes de diciembre un nuevo acuerdo que elimina una de las causas que hacían palmariamente ilegal el anterior, pero mantiene aún muchos de los aspectos que motivaron el recurso y, sobre todo, persiste en su intención de expulsar a los pueblos de los órganos de participación y control. El plazo para recurrir contra esta nueva disposición no se ha cerrado aún, y Esteban anuncia que siguen decididos a defender los intereses de los ayuntamientos.
Mientras tanto, sigue abierta la causa judicial contra la decisión de eliminar también la Asamblea General del Consorcio de Extinción de Incendios, impulsada igualmente por el PP y recurrida en los tribunales.
