Octubre 2016

Mientras Garcia-Page trabaja para reconstruir Castilla-La Mancha, Cospedal y Rajoy hacen lo posible para arruinarnos”

El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha asegurado que el Debate sobre el estado de la región ha puesto en evidencia que “mientras hay un presidente, Emiliano García-Page, trabajando por reconstruir Castilla-La Mancha, Cospedal y el Gobierno de Mariano Rajoy hacen todo lo posible por arruinarnos y por devastar toda la región y Guadalajara en particular”. Bellido ha recordado que ayer mismo, durante la primera jornada del debate, fue el día elegido por Rajoy para aprobar un nuevo trasvase de 60 hectómetros cúbicos que dejará los embalses de la cabecera del Tajo por debajo de 350 hectómetros.

“Esto es algo absolutamente inmoral, traiciona lo dicho por el PP cuando prometió que no habría trasvases por debajo de 400 hectómetros cúbicos, y hasta puede ser ilegal”, ha afirmado el responsable socialista antes de manifestar su total rechazo “a este nuevo atropello contra los vecinos y vecinas de Guadalajara y de Castilla-La Mancha”. En este sentido, se ha preguntado “por qué el Gobierno de Rajoy no pone en servicio de una vez las desaladoras que hemos pagado todos con nuestros impuestos, y que son una solución viable y permanente para los regantes del Levante y también para Guadalajara y Castilla-La Mancha”.

Agua desalada al mismo precio de la trasvasada

De hecho, ha indicado que García-Page propuso ayer mismo poner el agua desalada al mismo precio que el agua trasvasada, ya que ahora es seis veces más barata en el destino que el origen. “Es decir, que a un vecino de Sacedón le cuesta el agua para beber seis veces más que a un vecino de Murcia. Esto es lo que tenemos que corregir y esperamos que Podemos y el PP se pongan de parte de Castilla-La Mancha y no de otros intereses”, ha remachado.

Bellido ha subrayado que el debate ha servido para mostrar que “hay dos formas de hacer política: la de Cospedal, que es destruir, y la de García-Page, que es reconstruir todo lo que se cargó Cospedal”. En el caso de nuestra provincia, ha señalado que el presidente regional no solo garantizó la continuidad de las obras del nuevo hospital, sino la incorporación de nuevas especialidades. También se construirán nuevos centros de salud y nuevos equipamientos educativos y se impulsará de manera definitiva el nuevo campus universitario. “Es paradójico que Guarinos hable ahora del campus, cuando en cuatro años el PP no hizo nada de nada y no invirtió ni un céntimo en este proyecto”, ha recalcado. Otro punto de interés para la provincia es el desarrollo de una normativa para impedir experimentaciones con el “fracking”.

“Esperamos que estas iniciativas, que son buenas para Guadalajara, sean aprobadas por unanimidad y que el PP y Podemos se avengan a poner los intereses de los ciudadanos por encima de intereses partidistas”, ha agregado Bellido. Sin embargo, ha lamentado la intervención que tuvo ayer la presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales y del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, “que fue decepcionante por la falta de contenido y con una carga de cinismo espectacular, porque exigió a García-Page lo que Cospedal no hizo y ahora se está haciendo”.

La prioridad, el empleo

Antes, el responsable del PSOE de Guadalajara ha hecho un repaso de la gestión desarrollada por el Gobierno de García-Page, y ha explicado que solo en estos primeros 15 meses se han creado en la región más de 30.000 empleos y se ha impulsado un plan de empleo para dar trabajo a más de 20.000 personas, en su mayoría parados de larga duración. La recuperación de los servicios públicos básicos ha sido otra de las prioridades, con la contratación de más de 800 profesionales en enseñanza y otros tantos en sanidad. Además, han sido readmitidos cerca de 500 trabajadores interinos despedidos por Cospedal de manera ilegal, según han reconocido los tribunales. Igualmente, se ha ampliado a 12 meses la jornada de anual de los trabajadores de Geacam dedicados a la prevención y extinción de incendios.

En el ámbito social, se han tomado medidas como la supresión del copago farmacéutico a los pensionistas de la región y se ha restablecido la tarjeta sanitaria para los inmigrantes en situación de irregularidad. Otros avances destacados por Bellido tienen que ver con la nueva estrategia contra la pobreza, la desaparición de las “tasas de la vergüenza” impuestas a los dependientes y la agilización de expedientes olvidados en cajones.

La sanidad y la educación han sido pilares básicos sobre los que se ha asentado la gestión del Gobierno de García-Page. En este primer año se ha reanudado la construcción de hospitales cuyas obras fueron paralizadas por Cospedal, como es el caso de Guadalajara, una decisión que ha permitido ahorrar hasta 40 millones de euros en indemnizaciones a las empresas constructores. Al tiempo, se han reabierto escuelas rurales que fueron cerradas durante los cuatro años anteriores y se han recuperado becas para libros y comedores escolares.

El cumplimiento de estos compromisos ha venido acompañado de nuevas propuestas dirigidas a los jóvenes –una estrategia regional para el empleo juvenil, un programa de retorno para los que han tenido que salir a trabajar fuera, e incentivos al transporte interurbano– y a los desempleados –con la extensión del plan extraordinario de empleo a 2018–. García-Page ha anunciado también la garantía de acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones y una ley para incentivar la inversión en las zonas más despobladas.

El portavoz socialista denuncia que se ha creado una situación administrativa caótica y que en un buen número de municipios el servicio está duplicado

El servicio provincial de recogida de basuras impulsado por la Diputación de Guadalajara ha nacido plagado de irregularidades, según ha denunciado el portavoz del Grupo Socialista, Julio García. La situación administrativa creada por la negligencia del Equipo de Gobierno del PP es tan caótica que incluso se está duplicando el servicio en un buen número de municipios.

En efecto, según ha explicado García, buena parte de los ayuntamientos adheridos al nuevo servicio provincial de recogida de residuos que arrancó el pasado día 1 aún no han abandonado las mancomunidades a las que pertenecen. “En consecuencia, la Diputación tendrá que pagar a la empresa que ha contratado y, por otro lado, la contrata de la mancomunidad también sigue recogiendo la basura. Al margen de que los ayuntamientos tendrán que pagar dos veces, nos parece un despilfarro que pasen dos camiones para que uno de ellos se vaya de vacío porque ya ha recogido la basura el otro”, ha lamentado García.

Por otro lado, ha advertido de que a día de hoy no existen convenios suscritos entre la Diputación y ninguno los ayuntamientos, a pesar de que este era un requisito previo imprescindible, que incluso fue aprobado en el propio pleno de la Diputación. Esto significa que los ayuntamientos carecen de garantías sobre el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio y quedan en una situación de total indefensión.

De este modo, se incumple el procedimiento establecido por los técnicos, los términos de la autorización del Ministerio de Hacienda y el propio acuerdo de pleno que aprobó la memoria para la implantación del servicio. En ella, se establecía que “previa o paralelamente” a la contratación “es preciso la redacción y elaboración de un convenio a suscribir por todos los ayuntamientos adheridos y la propia Diputación, en el que se recojan las obligaciones recíprocas asumidas. En ese convenio se recogerán, entre otros extremos los importes a satisfacer por los municipios para financiar el coste del servicio, así como las fórmulas de pago y las garantías para su efectividad.”

Quebranto económico
Además, la Diputación ni siquiera ha aprobado aún la tasa que cobrará a los ayuntamientos. “Se da la paradoja de que el servicio ha empezado a prestarse y la Diputación ya tiene asumidas obligaciones de pago con la empresa que ha contratado, pero no tiene ninguna base para trasladar a cada municipio la parte que le corresponde aportar. Esto puede suponer un quebranto económico para la propia Diputación, lo cual iría también en perjuicio de los 250 pueblos que no tienen nada que ver con este servicio”, ha señalado el portavoz socialista.

Este cúmulo de irregularidades, que constituyen un auténtico despropósito administrativo, puede acabar con “previsibles perjuicios económicos” para los ayuntamientos y también para la propia Diputación. Por ello, el Grupo Socialista está estudiando trasladar el asunto al Tribunal de Cuentas. “No solo por los perjuicios que pueden derivarse de la inexistencia de la tasa, o por el despilfarro de pagar dos veces por un servicio, sino por otro aspecto que también nos preocupa sobremanera, como es que el importe del contrato se duplique a partir de la primera anualidad, cuando el número de municipios adheridos ha disminuido finalmente un 40% en relación a lo anunciado inicialmente por el Equipo de Gobierno”.

La viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Pilar Cuevas, ha advertido que “el formulario sobre inversiones presentado por tres concejales del equipo de Gobierno con la etiqueta de presupuestos participativos apenas recoge una mínima parte del contenido de la moción que se aprobó hace un año”, por lo que “nuevamente, Román está incumpliendo un mandato del pleno municipal, en este caso el de dar participación real a la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos”.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha ofrecido al alcalde, Antonio Román, “nuestra colaboración para elaborar una solicitud fundamentada, sólida y con posibilidades de obtener unos 15 millones de fondos europeos en la segunda convocatoria de financiación de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI)”. Esa segunda convocatoria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá una dotación de unos 300 millones de euros a repartir entre los municipios españoles que sean seleccionados.

Este ofrecimiento de colaboración del Grupo Municipal Socialista, formulado públicamente por su portavoz, Daniel Jiménez, llega dos días después de que el Gobierno de España publicase la resolución de la primera convocatoria, que repartía 731 millones de euros entre los municipios españoles: el Ministerio de Hacienda ha desestimado la solicitud elaborada y presentada en solitario por el equipo de Román, en la que pedía fondos comunitarios por valor de unos 15 millones de euros que se completarían con otros 3 millones de fondos municipales, para una inversión total cuantificada en torno a 18 millones de euros.

Jiménez ha achacado el fracaso de la solicitud presentada por Román en enero de este año y anunciada públicamente cuando ya estaba cerrado el plazo y no podía corregirse a que “contenía datos erróneos y desactualizados, se había elaborado con escasa participación de la ciudadanía, no proponía medidas concretas ni definía un ámbito de actuación y, en general, era un documento que se caracterizaba por la indefinición”. De todas estas carencias, el portavoz socialista advirtió al alcalde a través de una carta el pasado mes de febrero, sin obtener ninguna respuesta hasta el momento.

Daniel Jiménez ha puesto algunos ejemplos de los “errores y falta de rigor” que contenía el documento de solicitud de fondos europeos, por cuya elaboración el Gobierno municipal pagó 22.000 euros a una consultora: “cuando se habla del casco antiguo no se mencionan los recursos de esta zona de la ciudad, ni siquiera el Palacio del Infantado, las primeras 23 páginas son una copia literal del anexo II del catálogo de fichas urbanas del avance del POM de 2009 y hay datos incluso de 2008, es decir, datos anacrónicos y desactualizados que imposibilitan ofrecer a Europa un diagnóstico de la situación actual de la ciudad, y tampoco delimita un ámbito concreto de actuación”.

“Centrarnos en el casco histórico en la segunda convocatoria”

Tras la desestimación de la solicitud de Guadalajara en la primera convocatoria de fondos comunitarios para Estrategias DUSI, Daniel Jiménez ha ofrecido colaboración al alcalde para “presentar a la segunda convocatoria un documento mejor elaborado y con posibilidades de obtener esos 15 millones de euros de fondos europeos, centrando y concretando el ámbito de actuación en el casco histórico de Guadalajara”.

Según el portavoz socialista, los objetivos a conseguir con los fondos comunitarios en el casco histórico serán que “sea eficiente desde el punto de vista energético, que se recupere el patrimonio histórico, que la gente joven vuelva a vivir en el casco histórico porque es la única manera de dinamizarlo y que en esta zona de la ciudad se implementen las nuevas tecnologías y vuelva a brotar el emprendimiento”.

Jiménez también ha advertido que “en la segunda convocatoria va a ser más difícil conseguir estos fondos comunitarios”, ya que se plantea en forma de “concurrencia competitiva entre todos los municipios y la cuantía a repartir, unos 300 millones de euros, va a ser menor que en la convocatoria anterior, que distribuía 731 millones, y de la que Guadalajara ha quedado fuera”. A la primera convocatoria presentaron solicitud 269 municipios españoles y han sido seleccionados 82, de los que cinco son de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Almansa y Villarrobledo.

Por ello, ha pedido al alcalde que “aprenda de los errores, que cuente con la colaboración y participación que le estamos ofreciendo y que así podamos presentar una estrategia exitosa, delimitando claramente el ámbito de actuación, haciendo un buen diagnóstico de la situación actual y proponiendo medidas concretísimas ajustadas a las líneas técnicas que marca Europa”.

Tras 9 años sin convocarlo, Román quiere reactivar el Consejo Social y de Sostenibilidad.

Respecto a la escasa o nula participación que Román dio a la ciudadanía y a los grupos políticos en la elaboración de la solicitud presentada a la primera convocatoria de estos fondos, Daniel Jiménez ha informado de que ha sido “un día después de la publicación de la resolución desestimatoria para Guadalajara, es decir, ayer 4 de octubre, cuando el alcalde ha enviado a los grupos políticos un escrito en el que nos pide la designación de un representante en el Consejo Social y de Sostenibilidad de la ciudad”.

Jiménez ha recordado que “Román ha tardado nueve años en acordarse del Consejo Social y de Sostenibilidad, que nunca se ha reunido desde que él es alcalde de Guadalajara” y ha afirmado que “si se hubiera dotado a este órgano de contenido, dándole el protagonismo que debe tener desde el primer día, estoy convencido de que en la primera convocatoria se habría presentado un documento mejor para optar a estos fondos europeos”.

“Como ustedes se opusieron hace tres años, ahora nosotros también votaremos en contra”. Esa fue la pueril explicación que dio el Partido Popular de Yebes en el Pleno de la semana pasada para oponerse a que el Ayuntamiento de Yebes resolviese con carácter definitivo el contrato que en su día otorgó a favor de Milenia Sociedad Cooperativa para construir y gestionar el colegio ‘Luz de Yebes’. Este es un “paso decisivo” para conseguir que el futuro colegio público de Valdeluz se ubique en estas instalaciones. Sin embargo, los populares prefirieron alinearse con esa “táctica de oposición torpe e inútil que les hace perder el contacto con la realidad” y anteponer la discrepancia partidista al interés general de los vecinos. “Nadie en el municipio entiende esta política de tierra quemada que practica el PP, que prefiere impedir con sus votos que Yebes y Valdeluz avancen en pos de la consecución de este objetivo fundamental antes que concederle a los ciudadanos una oportunidad”, valoran desde el PSOE y UPYD.

En la sesión plenaria del pasado jueves, Ángel Álamo se retrotrajo tres años atrás para justificar el rechazo del Partido Popular de Yebes a este trámite. En concreto, al 27 de noviembre de 2013 cuando la oposición, formada entonces por el propio PP y dos ediles del grupo no adscrito, presentaron una iniciativa para que el Ayuntamiento resolviese el contrato de concesión sobre la parcela en la que se construyó este colegio privado concertado. El portavoz ocasional del PP, que por enésima vez fue el único de los cuatro ediles de este grupo que se presentó al Pleno, insistió en que el procedimiento de entonces era el mismo de hoy. “Se les ha explicado por activa y por pasiva que el escenario de entonces y el de ahora se parecen como un huevo a una castaña; hace tres años estaba la señora Cospedal al frente de un Gobierno regional que no tenía ninguna intención de construir un colegio en este municipio y hoy tenemos un Presidente de Castilla-La Mancha y un consejero de Educación que se han comprometido a hacerlo”, explica José Villarino, coordinador de UPYD Yebes-Valdeluz.

¿De qué hubiera servido hace tres años resolver el contrato con la adjudicataria del colegio ‘Luz de Yebes’ si a la Administración que por aquel entonces tenía las competencias educativas le importaba un pimiento el problema educativo de las madres y padres de este municipio? ¿Qué hubiera ganado a cambio el Ayuntamiento si hubiese abonado los millones de euros que el PP estaba dispuesto a pagar para quedarse con el centro? ¿De qué habría valido recuperar esas instalaciones hace tres años si la voluntad política necesaria para aprovecharlas brillaba por su ausencia? Son las preguntas que se hacen desde la formación magenta a propósito del “razonamiento descabellado” de los populares. “La respuesta es muy sencilla: nos lo hubiéramos comido con patatas”, concluye Villarino, que invita a los concejales del Partido Popular a sumarse a este “frente común” que han formado los vecinos y el Ayuntamiento de Yebes.”Hagan un acto de contrición y dejen de nadar a contracorriente”, les sugiere.

Desde las filas del PSOE de Yebes y Valdeluz dicen no entender la “absurda contradicción” en la que incurre el Partido Popular de Yebes al despreciar hoy lo que reclamaba hace tres años. Un año llevan los populares perseverando en el discurso de que ellos quieren un colegio para el municipio. “Pero esa arenga se cae por su propio peso cuando a la hora de la verdad, cuando todos los vecinos esperan que remen en la dirección correcta para alcanzar ese objetivo, se retratan de esta forma y muestran su verdadero semblante”, opina José Antonio Real, secretario local de los socialistas. El PP defiende la idoneidad de las instalaciones del ‘Luz de Yebes’, pero sus decisiones deslegitiman ese argumento. Reclaman que este proyecto se lleve a efecto sin arriesgar ni hipotecar el futuro de Yebes y Valdeluz, el mismo partido que hace tres años estaba dispuesto a pagar varios millones de euros para resolver el contrato. Dicen en el PSOE que está muy bien lo de recurrir a esas “frases manidas” con las que a los populares les gusta “llenarse la boca” de que el futuro colegio público será el eje vertebrador e impulsor del municipio. “Solo les pedimos que antes se aclaren, que pongan un poco de orden en sus filas y sentido común en sus decisiones y dejen de manipular y confundir a los vecinos, porque una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo”, concluye José Antonio Real.

Bajo el gobierno de Aurelio Sánchez Nicolás, alcalde del Partido Popular, el Ayuntamiento de Yebes adjudicó en noviembre de 2006 a Alfedel la concesión administrativa para la construcción y gestión del colegio privado concertado ‘Luz de Yebes’ por un periodo de 50 años. El administrador de la empresa era Alfonso Ferrón del Río, que representaba a cooperativas de profesores. El centro que promovió en Valdeluz bajo la gestión de Milenia Sociedad Cooperativa llamó la atención de la Agencia Tributaria ya que, pese a no haber entrado en funcionamiento la cooperativa, llegó a abonar más de 21 millones de euros a la constructora Obrum y otras empresas propiedad de David Marjaliza, también imputado en esta trama de corrupción. Dos años después y con el también popular José Antonio Hernández al frente de la Alcaldía, el Pleno aprobó autorizar a Milenia a gravar con hipoteca los derechos de la concesión administrativa de uso privativo sobre la parcela en la que se construiría el centro. Esa autorización fue la base para que se concediera un préstamo hipotecario por valor de más de 18 millones de euros para la construcción y puesta en marcha del ‘Luz de Yebes’. El informe de Hacienda indica que ‘tal concierto nunca se obtuvo de la Junta de Castilla-La Mancha, lo cual ha abocado a la cooperativa a entrar en un procedimiento concursal, cuestionándose la regularidad de tal concesión’.